AGENDA
Suprema Corte de Justicia de la Nación, CDMX

SEGURIDAD HUMANA

México está a punto de cumplir 10 años inmerso en una guerra civil, declarada irresponsablemente al iniciar la administración de Felipe Calderón y sostenida con recursos millonarios por el actual presidente, Enrique Peña Nieto.
 
 
Presentación #RegulaciónYA, CEN PRD, CDMX

En este periodo, más de 170,000 personas han sido asesinadas; diariamente 52 personas pierden la vida de manera violenta e intencional. Más de 25,000 personas están desaparecidas, al menos 2,500 de ellas por parte de servidoras o servidores públicos 10 y 160,000 personas se vieron forzadas a huir de su hogar para evitar los efectos del conflicto armado.

De 2006 a la fecha, los gobiernos emanados del PAN y del PRI han centrado su política de seguridad en perseguir y sancionar ineficazmente la producción, comercio y posesión de ciertas sustancias psicoactivas, aun cuando su consumo en nuestro país no es un delito ni un problema de salud pública. Menos del 2% de la población mexicana consumió alguna droga ilegal en el último año, sin embargo, de 2009 a 2013 fueron detenidas más de 145,000 personas – en su gran mayoría jóvenes – por consumir o portar pequeñas dosis. Cuatro de cada diez personas privadas de su libertad por delitos contra la salud fueron sentenciadas por poseer drogas, sólo dos de cada diez por venderlas. Las instituciones de seguridad están enfocadas en castigar la posesión de sustancias, no el narcotráfico.

Esta guerra no sólo ha tenido elevados costos sociales, por ejemplo el aumento en 600% de denuncias por tortura a manos de fuerzas armadas y policiales (Amnistía Internacional); sino también económicos e institucionales. Cada año el gobierno mexicano gasta en promedio 80 veces más recursos en seguridad pública que en programas de salud.

 
Entrega de firmas #Regulaciónya, San Lázaro, CDMX

Por ello las Juventudes de Izquierda proponemos cambiar el modelo de política de seguridad que sólo ha beneficiado la consolidación del crimen organizado, su crecimiento económico y su capacidad para corromper a las instituciones públicas de todos los ámbitos de gobierno.

Propuestas:

1. Regulación liberacionista de la cannabis.

Crear la Ley General para Regular los Diversos usos de la Cannabis, desde un enfoque de salud pública y derechos humanos; con un fuerte enfoque en la prevención, reducción de daños y tratamiento de adicciones. INEGI, Defunciones por homicidios (2006-2014), Consulta Interactiva de Datos. 10 Comisión Nacional de Derechos Humanos, Informe especial sobre desaparición forzada (México, 2015). 11 Centro de monitoreo de desplazamiento interno, Informe Global de Desplazamiento Forzado, (Ginebra, 2014)

2. Creación de una Comisión de la Verdad autónoma para el esclarecimiento de los delitos cometidos por servidoras y servidores públicos en el contexto de la “Guerra contra el narcotráfico”.

Constituir de manera autónoma una institución acompañada de instancias internacionales para investigar los crímenes de Estado y apoyar el fortalecimiento y reforma del sistema de justicia penal.

3. Liberación de jóvenes detenidas y detenidos por consumo de sustancias ilegales.

Aumentar las cantidades permitidas en la Tabla de Orientación de Dosis Máximas de Consumo Personal e Inmediato de la Ley General de Salud, a fin de descriminalizar a las y los consumidores de sustancias consideradas ilegales y redireccionar las actividades de persecución y sanción del Estado hacia el crimen organizado.

4. Indemnización a niñas, niños y jóvenes víctimas de la violencia mediante la creación de un fondo de responsabilidad civil.

Creación de un fondo destinado a la reparación económica de daños a personas menores de edad que en el marco de la guerra contra las drogas hayan sido víctimas de violaciones graves a sus derechos humanos. Éste será financiado por recursos obtenidos de incautación de bienes involucrados con las actividades del crimen organizado.